Gobiernos amplían el control digital mientras persisten dudas sobre seguridad, costos y responsabilidades

Tecnología, Política, Argentina, Brasil

Tres informes muestran iniciativas y controversias relacionadas con plataformas tecnológicas administradas o reguladas por organismos públicos en Argentina y Brasil. La Ciudad de Buenos Aires prepara un sistema para registrar y fiscalizar aplicaciones, mientras investigaciones sobre Senasa y Smart Sampa plantean interrogantes sobre contrataciones, acceso a datos, seguridad y rendición de cuentas.

Puntos clave

La Ciudad de Buenos Aires licitó por $150 millones el desarrollo de tres módulos tecnológicos, incluido uno para registrar empresas de transporte mediante aplicaciones como Uber, Cabify y DiDi, según iProfesional.
La licitación porteña se vincula con una regulación establecida durante 2026 que fija requisitos para empresas, conductores y vehículos, y también contempla registros de reparto y talleres de verificación técnica vehicular, informó iProfesional.
La Nación informó que Senasa lleva invertidos $726.838.440,35 en Sigtrazavet, una plataforma obligatoria para rastrear medicamentos veterinarios, y que siete personas trabajan en su desarrollo mediante convenios con la Fundación ArgenINTA.
Según La Nación, Senasa no identificó a los desarrolladores ni detalló cuánto cobró cada uno, después de que una empresa de software ofreciera servicios privados vinculados con la plataforma oficial.
Estadão reportó que datos restringidos de Smart Sampa quedaron expuestos en internet durante 11 meses, incluidos 181 usuarios y contraseñas, información de más de 6.000 agentes e instrucciones para reproducir una interfaz de acceso.
La Prefeitura de São Paulo negó fallas de seguridad en la plataforma y atribuyó la filtración al intercambio ilegal de datos por parte de un servidor; el alcance de un eventual uso indebido continúa bajo investigación.

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